PARA EL PLENO DE SEPTIEMBRE

Mañana miercoles 28 para el pleno que se celebrara a las 20:00 h en el ayuntamiento Si se puede! propone dos mociones para su aprobación. 

Dotar de transparencia y clausulas sociales los contratos públicos y paralizar de forma definitiva la construcción de la gasolinera.

!ACUDE ES TU DERECHO!

MOCIÓN RELATIVA A LOS CONTRATOS PÚBLICOS DOTÁNDOLOS DE CRITERIOS SOCIALES Y ECOLÓGICOS Y ESTABLECIENDO, TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD A LOS CONTRATOS MENORES QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE! SAN MARTÍN DE LA VEGA

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Tomando como referencia el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), los contratos menores se definen, en función de su cuantía, como aquéllos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, en ambos casos con IVA excluido (art. 138.3). Se caracterizan porque pueden adjudicarse directamente a cualquier prestador de servicio con capacidad de obrar, lo que permite a las Administraciones simplificar su tramitación mejorando la eficacia.

 

Así pues, podemos afirmar que la contratación menor es un mecanismo que satisface necesidades puntuales propias de la gestión pública. No obstante, debido a la excepcionalidad que supone a los principios de publicidad y concurrencia que rigen la contratación pública, su utilización debe hacerse con el debido rigor y control para evitar un uso fraudulento del mismo.

 

En la actualidad, la no obligatoriedad de su publicidad hace que, sobre todo en Administraciones Municipales, sea muy difícil tener un registro exacto de las veces que se recurre a este mecanismo. En el caso de la ciudad de Madrid, por ejemplo, se sabe que el pasado año 2015 el número de contratos menores tramitado superó los 4.500 anuales. Sin embargo, el gasto que representó sobre el presupuesto total destinado a la contratación pública fue de solo el 1,6 %. Además, la contratación menor en el Ayuntamiento de Madrid correspondió principalmente a gastos de muy escasa cuantía: en el pasado ejercicio, el 75% de estos contratos correspondieron a gastos inferiores a 3.000 euros.

 

La irregularidad más corriente en estos contratos es el fraccionamiento, a pesar de que el TRLCSP lo prohíbe expresamente en el artículo 86.2: no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Recurriendo a ésta y otras trampas legales, aprovechándose de las particularidades propias de esta modalidad, hemos podido comprobar cómo desde ciertos Consistorios, vinculados a las principales tramas de corrupción de nuestra Comunidad, se han efectuado contrataciones y adjudicaciones ilegales, favoreciendo a las empresas de sus socios.

 

Instituciones como el Parlamento Europeo, en la Resolución del 25 de octubre de 2011, sobre la modernización de la contratación pública establece “la lucha contra la corrupción y el favoritismo es uno de los objetivos de las Directivas” como herramienta útil y necesaria para luchar contra el fraude en la contratación pública.

Para evitar este tipo de subterfugios y reforzar la transparencia en la gestión del presupuesto público, entendemos fundamental que se otorgue la máxima publicidad e información sobre la concesión de contratos inscritos bajo esta modalidad. Somos los primeros interesados en arrojar luz sobre este procedimiento legal, como forma de garantizar un uso adecuado y mejorar así una herramienta que resulta muy útil para las Administraciones Públicas.

 

Por otro lado, evidentemente, las medidas sociales, éticas o ambientales no es posible aplicarlas con carácter obligatorio en todos los casos, pero se debe hacer desde la administración pública en la medida de lo posible por varios motivos.

 

En primer lugar, por su importancia en la economía general. En España en 2005 las compras públicas supusieron en torno al 28% del PIB. Esto implica que, por ejemplo, los acuerdos internacionales sobre los asuntos medioambientales no podrán cumplirse si la administración no contribuye a ello mediante la contratación.

 

En segundo lugar, las administraciones públicas han de tener un papel ejemplarizante.

De este modo, ayuntamientos pioneros han sido los de Bilbao, Pamplona, Girona, Getxo, Córdoba, Las Gavias (Granada) y, especialmente, el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de Calidad Social en la Contratación Pública del Ayuntamiento de Sevilla y el (artículo 4) del año 2004 y el Decreto 213/98, de 17 de Septiembre, de la Comunidad Autónoma de Madrid, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa para apoyar la estabilidad y la calidad del empleo.

Finalmente, no siempre lo más barato es lo mejor. Los beneficios que estos criterios reportan a las Administraciones Públicas vienen determinados tanto por la reducción del gasto público como por el aumento de ingresos que conllevan.

De esta manera, los criterios basados en el bien común favorecen el consumo y el Producto Interior Bruto. Al aumentar la renta de las personas se dinamiza la economía en general. La legislación actual no impone los criterios de naturaleza no económica pero, al menos, no los prohíbe.

 

 

 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE! SAN MARTÍN DE LA VEGA PRESENTA, ANTE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, LA SIGUIENTE MOCIÓN:

 

 

1. Hacer pública la información con una periodicidad mensual. Se publicarán, en una sección específica de la página web del Ayuntamiento, todos los contratos que se hayan adjudicado bajo esta modalidad, incorporando dentro de la información facilitada: el centro gestor, el número de expediente, el objeto y tipo de contrato, el importe adjudicado, la fecha de aprobación, el servicio prestado y la empresa prestataria.

 

2. Facilitar también, en el caso de los contratos por obra, el plazo estimado para la realización del servicio.

 

3. Justificar la necesidad del servicio contratado bajo esta modalidad.

 

4. Proporcionar, como mínimo, tres presupuestos contrastados durante la tramitación de los contratos menores de importe superior a 5000 euros, en aras de favorecer una mayor eficiencia y transparencia en el gasto.

 

5. Las externalizaciones de servicios y obras se acompañarán de un informe justificativo de tal externalización que acredite la imposibilidad del ayuntamiento o empresa municipal de llevar a cabo dicha prestación u obra o en su defecto la idoneidad económica de acometer la externalización en lugar de una acción directa municipal. Dicho informe se hará público.

 

6. Realizar los estudios técnicos pertinentes para que se incorporen cláusulas sociales y medioambientales, éticas y de proximidad, con una valoración en la puntuación total de hasta un 30%, y nunca inferior en un 20%, si bien estos porcentajes podrán sufrir alteración por razones debidamente justificadas por el servicio de contratación, en los Pliegos de Contratación que realice el Ayuntamiento, Organismos Autónomos y empresas dependientes. Estas cláusulas atenderán a criterios de calidad, accesibilidad, características medioambientales o innovadoras, atendiendo en todo caso a la casuística de cada contrato, todo ello, conforme a la normativa vigente.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE! SAN MARTÍN DE LA VEGA PARA IMPEDIR APERTURA DE NUEVAS ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS O PELIGROSAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Recientemente, el anuncio de apertura de una gasolinera dentro del casco urbano, ha provocado la movilización de los vecinos y un debate político importante sobre el déficit democrático y la falta de transparencia en la concesión de licencias de actividad económica en el municipio.

Al tiempo que pone de manifiesto la nula sensibilidad por el medio ambiente y salud de los vecinos del actual equipo de gobierno, este hecho sumara, a la ya de por si maltrecha calidad del aire que se respira en San Martín de la Vega, nuevos contaminantes junto a los provenientes de las incineradoras de Morata y Valdemingomez.

Este hecho no es sino una consecuencia, consecuencia de las políticas de liberación de los mercados, del todo vale a favor del negocio, negocio eso si de unos pocos, son las políticas aplicadas principalmente por el partido popular y por el partido socialista a nivel nacional, regional y ahora municipal.

 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE! ALTERNATIVA CIUDADANA POR SAN MARTÍN DE LA VEGA PRESENTA, ANTE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, LA SIGUIENTE MOCIÓN.

 

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1. Exigir al Alcalde de San Martín de la Vega delegue la concesión de licencias para obra o apertura de establecimientos catalogados como ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS, en el pleno municipal.

 

2. Creación de un libro actualizado y accesible al publico de actividades sometidas a licencias por estar clasificadas legalmente como molestas, insalubres nocivas o peligrosas y su publicación en la pagina web municipal, tal como se comprometió el PSOE en su programa electoral.

 

3. Paralización de las licencias en curso que estén afectadas por cualquier tipo de legislación municipal, regional, nacional o internacional de evaluación de riesgos ambientales, cuya ubicación se planifique dentro del casco urbano de San Martín de la Vega

 

 

4. Modificación puntual del PGOU para impedir que actividades insalubres, molestas, nocivas o peligrosas, y que por lo tanto necesiten algún tipo de autorización derivada de su riesgo medioambiental, puedan instalarse en el futuro dentro del casco urbano o a una distancia inferior a 250m de las viviendas, apelando a los principios de Precaución y Prevención.

 

 

5. Diseñar a medio plazo un plan de traslado de todas las empresas que desarrollen actualmente actividades clasificadas legalmente como molestas, insalubres nocivas o peligrosas en el casco urbano de San Martín de la Vega

 

6. Revocar cautelarmente la licencia de obra otorgada a la instalación que se esta llevando a cabo en los números 6 y 8 de la calle Camino de Valdemoro, es decir la gasolinera en construcción, al tiempo que se solicitan a organismos independientes un informe que certifique que dicha instalación no supone un riesgo para la salud de los vecinos a corto medio o largo plazo. De existir algún riesgo esta pasaría a ser definitiva

 

7. Facultar al Señor Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios

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Comentarios: 7
  • #1

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